
Redacción/Quadratín Querétaro
QUERÉTARO, Qro., 5 de agosto de 2025.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició procedimientos administrativos por tala ilegal y cambio de uso de suelo sin autorización en los municipios de Corregidora y Tequisquiapan, como parte de las acciones de vigilancia y protección de los recursos forestales en el estado.
El pasado 29 de julio, personal de la Profepa detectó la remoción total de vegetación forestal tipo matorral xerófilo en una superficie de 27 mil 135 metros cuadrados, en la comunidad de La Cueva, Corregidora. La afectación tenía como finalidad la instalación de un fraccionamiento irregular, sin contar con los permisos de cambio de uso de suelo ni con las autorizaciones de impacto ambiental correspondientes por parte de la Semarnat. Durante la inspección se contó con el respaldo de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, instaurándose dos procedimientos administrativos.
En una acción posterior, el 31 de julio, la Profepa inspeccionó una maderería en el municipio de Tequisquiapan, donde se detectó la posesión de 296.0348 m³ de madera aserrada de pino sin acreditar su procedencia legal. Como medida de seguridad, se procedió al aseguramiento precautorio del producto forestal y a la clausura del establecimiento, al no contar con la autorización para operar.

La dependencia indicó que, de no presentarse la documentación que acredite la legal procedencia de la madera en un plazo de cinco días hábiles, se dará vista al Ministerio Público de la Federación, conforme a los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal.
La Profepa advirtió que estas conductas podrían constituir delitos ambientales, como la posesión de más de 51 m³ de madera sin comprobar su origen legal y el cambio no autorizado de uso de suelo en terrenos forestales, sancionados por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el Código Penal.
Finalmente, la autoridad ambiental reiteró su compromiso con la protección de los ecosistemas y aseguró que continuará aplicando medidas firmes para prevenir y sancionar actividades que atenten contra los recursos forestales del país.

